La JEC ejecuta el requerimiento del Supremo sobre la ley de nietos sin compartir su criterio
Por Asier Martiarena Olveira — Portada
La JEC ejecuta el requerimiento del Supremo sobre la ley de nietos sin compartir su criterio
Criterios opuestos
La Junta acata las medidas cautelares sobre el CERA pero evita pronunciarse sobre la validez de las nacionalizaciones
¿Qué es la ‘ley de Nietos’ y por qué el Supremo ha suspendido su efecto electoral?
Urnas para el voto al Congreso y al Senado
Rodrigo Jimenez / EFE
Madrid
14/09/2026 15:35 Actualizado 14/09/2026 16:00 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
La Junta Electoral Central ha optado por no abrir un nuevo frente con el Tribunal Supremo y, tras algo más de dos horas de reunión extraordinaria, ha acordado acatar el mandato del alto tribunal sobre las nacionalizaciones obtenidas al amparo de la llamada ley de nietos. El organismo, no obstante, no ha asumido como propio el criterio del Supremo y no ha entrado a valorar si las personas que han accedido a la nacionalidad por esta vía y se han incorporado al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) lo han hecho correctamente o si, por el contrario, debían quedar suspendidas sus inscripciones.
El resultado de la deliberación ha sido más ajustado de lo habitual, lo que evidencia el malestar existente en el seno de la Junta por lo que algunos vocales han considerado una intromisión del alto tribunal en competencias con consecuencias directas sobre el censo electoral y sobre la situación de miles de personas que han obtenido la nacionalidad española o que todavía están tramitando su inscripción.
Todo ello después de que el Supremo haya estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox para suspender los efectos electorales de la ley de nietos.
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La Junta ha pedido a la Oficina del Censo Electoral que le traslade el desglose de los expedientes de inscripción censal afectados por las medidas cautelares y un informe completo sobre la aplicación de la norma y el voto por correo de los españoles residentes ausentes. También deberá preparar una instrucción con criterios precisos para determinar el municipio de inscripción electoral de los beneficiarios de la norma.
El requerimiento del Supremo afecta asimismo a los registros consulares. La JEC ha solicitado a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los responsables de los registros consulares que expidan las certificaciones necesarias para acreditar la vinculación con el exilio de quienes hayan obtenido la nacionalidad española por esta vía. Se trata de una condición que el alto tribunal ha considerado determinante para mantener los efectos electorales de estas inscripciones.
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En concreto, deberá acreditarse que los beneficiarios nacieron fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, con pérdida o renuncia de la nacionalidad española.
La JEC ha establecido además que, una vez reciba de la Oficina del Censo el informe complementario y la propuesta de instrucción dirigida a las oficinas consulares, examinará ambos documentos “con carácter inmediato” para adoptar el acuerdo correspondiente.
La JEC cambia de criterio
El pasado mes de julio, la JEC ya se pronunció ante distintas peticiones relativas a la legalidad de la instrucción dictada en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, para determinar cómo había que aplicar la ley de nietos.
El organismo arbitral acordó entonces solicitar a la Oficina del Censo Electoral información específica sobre la aplicación de la norma y advirtió de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriba cada uno de los beneficiarios debe estar “suficientemente motivada” si no se corresponde con su último domicilio en España.
En aquel momento, la JEC rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA que habían solicitado, entre otros, Vox, ya que no se consideraba competente para pronunciarse sobre las leyes y las disposiciones reglamentarias de su desarrollo.
En todo caso, la Junta ya había avanzado en la cuestión al pedir a la Oficina del Censo que le informase de la aplicación de la norma que rige para la actualización del censo, especialmente sobre si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España.
Asier Martiarena
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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