Detienen por corrupción a juez penal de Chihuahua

La Jornada

Cambia medida cautelar a favor del cliente de un abogado que es su amigo

Chihuahua, Chih., El juez penal de primera instancia, Manuel Jurado Torres, fue detenido por petición de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua (FACh), acusado del delito de corrupción por prevaricación agravada, informó el titular de la FACh, Abelardo Valenzuela Holguín.

En la audiencia inicial en su contra, realizada ayer, Jurado Torres aceptó el auto de vinculación a proceso penal e inmediatamente obtuvo la suspensión condicional del proceso por 12 meses; a cambio de dicha salida alterna, deberá renunciar a su cargo de juez penal de primera instancia, al que accedió en la elección judicial de junio del año pasado.

El delito del que se le acusa se comete cuando un servidor público, especialmente un juez, dicta de manera deliberada una resolución injusta o contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones o con la finalidad de otorgar ventaja procesal, explicó el fiscal.

Resguardo domiciliario

El Ministerio Público acusó que el juzgador cambió una medida cautelar de prisión preventiva por resguardo domiciliario, para beneficiar al cliente de un abogado con quien mantiene una relación de amistad.

El 23 de diciembre de 2025, cuando Manuel Jurado ejercía como juez del distrito judicial Hidalgo, en el municipio de Hidalgo del Parral, dictó el cambio de medida cautelar a favor de Julio César M. V, procesado por los delitos de violación y violencia familiar, y le permitió la libertad condicional.

El abogado defensor solicitó una audiencia de revisión durante el periodo vacacional del Poder Judicial, sin que se tratara de un asunto urgente; se presume que Jurado Torres, al conocer de dicha audiencia, habría otorgado una ventaja procesal indebida.

Además, durante esa diligencia, el togado habría rebasado los límites propios de ese acto procesal, al cuestionar y descalificar los argumentos de una jueza que previamente dictó prisión preventiva, al asumir materialmente una función revisora que corresponde a las autoridades jurisdiccionales.

“La Fiscalía Anticorrupción precisa que su actuación no implica cuestionar la independencia judicial ni revisar el sentido de las resoluciones jurisdiccionales por el solo hecho de ser contrarias.

“La función de esta institución es investigar aquellas conductas en las que el ejercicio de una responsabilidad pública pudiera haberse desviado de su fin constitucional, para favorecer intereses particulares o indebidos”, abundó Valenzuela respecto al arresto del imputado.

En este caso, indicó Valenzuela, “el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales establece que la modificación de una medida cautelar requiere que hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición, circunstancia que forma parte del análisis realizado por nuestro Ministerio Público”.

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